La ministra de Educación, Flor Pablo, dijo que un equipo especial recorre las regiones para aplicar una norma que amplía los delitos contra los malos maestros. Dijo que al mismo tiempo impulsa una estrategia para identificar maestros referentes y que hasta el día de hoy cuentan con 5.000.
La ministra de Educación, Flor Pablo, informó que su sector está realizando gestiones a nivel nacional para hacer cumplir el Decreto de Emergencia No. 019-2019, que amplía de 4 a 17 los delitos por los cuales se inhabilitará a los maestros y se impedirá el ingreso o reingreso. -Entrar para brindar servicios en cualquier instancia del sistema educativo nacional.
Afirmó que su sector cuenta con un equipo especial que, desde junio de este año, ha estado visitando las regiones para asegurar la sanción a quienes tengan una sentencia efectiva, y que monitorea más de 5 mil denuncias de casos de violencia sexual o indebida. tocando registrado en la plataforma virtual SiSeVe.
Dijo que también se encuentra en proceso la creación de un registro virtual donde aparecerán los datos de todos los docentes y administradores condenados por 17 delitos, que a la vez servirá de referencia para filtrar a quienes respetan la ley.
Expresó que en las Unidades de Gestión Educativa se implementan equipos de convivencia escolar itinerante a nivel nacional conformados por psicólogos, trabajadores sociales y docentes, quienes tienen la capacidad de trabajar en la prevención de la violencia escolar y la promoción de la convivencia saludable en las escuelas.
Destacó que el ministerio al mismo tiempo ha iniciado una estrategia en todas las regiones para identificar a los profesores de referencia. “Hemos identificado a 5.000 docentes con la ayuda de las regiones que están haciendo bien su trabajo y deben convertirse en esos docentes que motiven a sus compañeros”, dijo.
Sostuvo que la norma que modifica la Ley 29988, establece sancionar de manera ejemplar todos los elementos malos involucrados en delitos que atentan contra la integridad de los menores y que luego de ser sancionados por el Estado generalmente buscan ser reciclados en el sector privado.
Como se sabe, el citado decreto amplía 13 delitos: trata de personas, explotación sexual, esclavitud, homicidio intencional, parricidio, feminicidio, sicarios, secuestro extorsivo, lesa humanidad (genocidio, desaparición forzada y tortura), violación de la privacidad mediante difusión de imágenes, materiales audiovisuales o de audio con contenido sexual, proxenetismo, pornografía infantil, propuestas indecentes a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos.