• Su planificación institucional no permite el cumplimiento de los objetivos institucionales ni su medición. Además, ningún objetivo tiene presupuesto programado.
• El programa de Contabilidad y Finanzas no está alineado con el artículo 42 de la Ley Universitaria: tiene menos de 165 créditos para cursos específicos y de especialidad.
• La UPRIT no garantiza el suministro continuo de agua potable, debido a que las instalaciones sanitarias para la prestación de este servicio no cubren la capacidad total declarada en su única ubicación conducente a un título académico.
• La empresa con la que firmó el contrato de gestión, recogida y transporte de residuos peligrosos y RAEE no cuenta con la correspondiente autorización de DIGESA y MINAM.
• No establece procedimientos para la presentación, evaluación, selección, aprobación y seguimiento de sus proyectos de investigación.
• No hay claridad sobre la composición y funciones de las instancias del cuerpo investigador de la universidad.
• La universidad no define los tipos de mala conducta ética o las sanciones asociadas con estas en salvaguardar los aspectos éticos de la investigación. Tampoco hay constancia de la existencia de un organismo que garantice el cumplimiento de la normativa sobre protección de la propiedad intelectual. Asimismo, el repositorio institucional no contiene toda la producción académica de la universidad.
• La UPRIT no presentó información que permita monitorear su producción, financiamiento y actividades de investigación para promoverla.
• Solo el 21,88% de sus docentes tienen dedicación a tiempo completo, contraviniendo el 25% que actualmente exige la Ley Universitaria.
• Asimismo, siete docentes con título de bachillerato no manifiestan estar dentro del período de adaptación y no existe evidencia de cumplimiento del proceso de selección para nueve docentes.
• En cuanto a los servicios complementarios, los servicios de temática, seguridad y vigilancia y el acervo bibliográfico no cubren todas las horas académicas y no aseguran la continuidad del servicio.
• El número de ofertas publicadas en la Bolsa de Trabajo de la Universidad no se corresponde con la población objetivo y los programas académicos ofertados. Asimismo, se evidenció la utilización de menos del 30% de los convenios para prácticas preprofesionales y profesionales.
Lima, 17 de enero de 2020